Nuevo León: millones vs corrupción y cero resultados

Por QueSirvan.mx es la plataforma de Investigación de Redes Quinto Poder IDEA.  Esta investigación forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Monterrey, México a 7 de enero de 2020

Opacidad y falta de resultados, dos constantes en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL) que en 2019 le costó más de 500 de millones de pesos a los contribuyentes de Nuevo León

Más que un sistema para combatir la corrupción, el SEANL se convirtió en una nueva estructura burocrática que parece que mide sus logros más en eventos y viajes que en pronunciamientos, trabajos o castigos. En 2019 las sanciones derivadas de hechos de corrupción sumaron CERO.

Una de las cosas más graves es que la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León tiene autonomía de papel, pues en la práctica no la tiene, la gestión de los recursos públicos con los que debe trabajar los recibe y opera la Fiscalía General.  Ni el propio Fiscal Anticorrupción sabe el monto de los recursos públicos que le fueron asignados durante el 2019, y desde luego desconoce lo aprobado para  2020.

Nuevo León: Millones contra la corrupción con cero resultados

En el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en la República Mexicana y en Nuevo León se han creado diferentes instituciones, leyes y reglamentos en los tres niveles de gobierno para castigar la corrupción y la opacidad.

A nivel local el sistema se conforma de un Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva, en los cuales, a su vez, participan la Auditoría Superior del Estado (ASENL), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI), el Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, y un representante del Consejo de la Judicatura. Y aunque no forma parte del sistema, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) también es una pieza clave en los procesos administrativos.

Si bien estas instituciones han solicitado y recibido aumentos en sus presupuestos en los últimos años, hasta la fecha no existe NI UN SOLO CASO de corrupción que haya derivado en una sentencia o sanción a un funcionario público. Es decir, pese a que se les ha dotado de PRESUPUESTOS MILLONARIOS, los encargados de impartir justicia a los corruptos en Nuevo León no han cumplido con la labor que les fue conferida.

El dinero gastado por estos organismos únicamente en 2019 da una suma superior a los 500 millones de pesos —sin contar el presupuesto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ni el de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.

Secretaría Ejecutiva: súper sueldos, eventos, viajes y cero trabajo contra la corrupción

En 2019 la Secretaría Ejecutiva del SEANL ejerció un presupuesto de 21 millones 996 mil 512 pesos. De acuerdo a su portal oficial, este organismo descentralizado es el encargado de “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que la Secretaría Ejecutiva debe celebrar al menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia.

Algunas de las actividades recientes que se destacan en la página web oficial de la Secretaría Ejecutiva del SEANL son la participación del organismo con un stand en la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FIL) el mes de octubre; un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en noviembre; un foro de anticorrupción y transparencia, y la instalación del Comité Asesor en diciembre. No obstante, se desconoce si se sesionó la cantidad de veces que indica la ley en la materia, pues en ningún apartado de la página web se menciona si se dieron estas reuniones oficiales ni se dan a conocer sus acuerdos o resoluciones.

Respecto a los acuerdos y convenios firmados, se ignoran sus implicaciones y si estos conllevan pagos a asesores externos o contrataciones, ya que no están disponibles de forma accesible en el sitio oficial.

A pesar de esto, los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del SEANL reciben salarios superiores a los del mismo gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón.

En una consulta realizada en la página oficial del mismo órgano se pudo corroborar, en el apartado de Transparencia, que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana  tienen un sueldo mensual bruto de 116 mil pesos. Son Juan Carlos Gastélum Treviño, Norma Juárez Treviño, Diego Arturo Tamez Garza y Mauricio Morales Aldape quienes gozan de este privilegio.

De acuerdo a la consulta realizada, todo indica que es el Secretariado Ejecutivo quien paga a los sueldos a los integrantes del Comite de Participación Ciudadana. Las funciones del CPC no son claras.

En tanto, el sueldo del secretario técnico, Joaquín Ramírez de la Cerda, se acerca al de sus compañeros, al contar con 95 mil pesos de sueldo bruto cada mes —sin sumar prestaciones, como el aguinaldo.

Debajo de los servidores públicos mencionados, existen al menos otros cinco puestos de coordinación cuyos tabuladores superan los 60 mil pesos brutos al mes; así como diferentes puestos de analistas y hasta un chofer.

Solo por citar un ejemplo: Roberto Celis Salinas, quien se desempeñaba como parte del Staff de Comunicación Social de la polémica ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, y posteriormente en la bancada del PAN en la Legislatura anterior del Congreso local, ahora aparece en la lista de empleados de la Secretaría Ejecutiva del SEANL con el cargo de Coordinador de Vinculación Interinstitucional, contando con un sueldo de 60 mil 708 pesos brutos al mes.

Tema aparte son los gastos de representación y viáticos. En la mayoría de los meses hay registro de al menos un viaje, según la información en la página web de la Secretaría Ejecutiva.

Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019 se erogó un monto de 17 mil 323 pesos con motivo de un viaje a Puebla por parte del secretario técnico, Joaquín Ramírez de la Cerda, y el coordinador de Políticas Públicas, Humberto Dingler Delgado. El objetivo era “asistir al taller de Plataforma Digital Intercambio de experiencias tecnológicas y avances desde los Sistemas Locales Anticorrupción para conocer los avances de la Plataforma Digital Nacional y el lanzamiento en su versión Beta…”.

Otro de los gastos en viáticos que destaca es una visita a Ottawa, Canadá, por parte de dos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana: Mauricio Morales Aldape y Guadalupe Rivas Martínez, del 29 al 31 de mayo del año pasado. Los funcionarios asistieron al Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2019, por lo cual se erogó la cantidad de 58 mil 99 pesos.

Este órgano, que debería tener al día sus obligaciones de transparencia, no ha actualizado su información de nómina y pagos por honorarios desde el pasado mes de octubre.

ASENL reduce los castigos

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) contará este año con un presupuesto de 234 millones 886 mil 967 pesos, cifra que contrasta con la inactividad del organismo desde la llegada de Jorge Galván, actual titular. Incluso, el fincamiento de responsabilidades por parte de la ASENL ha disminuido 55 por ciento, de acuerdo a información documentada por el periódico El Norte ((https://www.elnorte.com/gasta-ase-38-mas-y-rinde-55-menos/ar1825982).

Es importante señalar que la ASENL tiene un laboratorio de pavimentos, el cual se encarga de comprobar la calidad de los materiales de la obras de pavimentación ejecutadas o contratadas por los ayuntamientos de la zona metropolitana de Monterrey.

El mecanismo consiste en realizar inspecciones físicas a los inmuebles en los que se ejecutó la obra y recabar muestras de los materiales usados para practicar los ensayos o pruebas necesarias, con el fin de corroborar si la calidad de estos corresponde a las especificaciones pactadas, según cita el mismo Programa Anual de Auditoría 2019 de la ASENL.

Pero, a pesar de la existencia de dicho laboratorio, la precariedad del pavimento en toda la zona metropolitana de Monterrey es padecida por los ciudadanos a diario.

Una clara muestra de la insatisfacción de la población son los resultados de la encuesta Cómo Vamos Nuevo León 2018, donde el servicio público de pavimentación (condición de calles y avenidas) fue el segundo peor evaluado, con apenas un 6.8 de puntuación.

El municipio de Monterrey es solo un caso más de opacidad en este rubro. El gobierno del alcalde priísta Adrián de la Garza ha ocultado la información relacionada a Vialidades Regias, el programa insignia del edil de labores de bacheo, de acuerdo a información revelada por el periódico El Norte (https://www.elnorte.com/oculta-monterrey-datos-de-bacheo/ar1846939). Si bien la tercera etapa de los trabajos de recarpeteo ya inició y De la Garza presume una inversión superior a los dos mil millones de pesos —sin corroborar—, los resultados de la pavimentación son cuestionables desde hace años y no han sido señalados por la Auditoría Superior del Estado.

 CONTRALORÍA 70% más para 2020

La Contraloría del Estado —que también integra el SEANL— recibió un aumento de 73 por ciento en su presupuesto para 2020, que en total asciende a 128 millones 476 mil 812 pesos. Dicho incremento corresponde a que en este año se prevé establecer los Órganos Internos de Control en todas las dependencias de Gobierno, organismos paraestatales y descentralizados.

No obstante, durante más de un año la Contraloría mantuvo al frente a titulares “de paso”, tras la remoción de Nora Elia Cantú el 11 de julio de 2018. Ese día Jesús Hernández, ex alcalde de García, conocido operador político y amigo del gobernador Jaime Rodríguez, asumió como encargado del despacho, para después ser sustituido por Gerardo Guajardo el 21 de agosto de 2019. Fue hasta el pasado mes de diciembre cuando Guajardo fue nombrado contralor de manera oficial por el Congreso local.

Aunque tiene un presupuesto millonario, la labor de la Contraloría deja mucho que desear. Un ejemplo es la accesibilidad y transparencia en su Registro de Servidores Públicos Sancionados, donde en lugar de facilitar a los ciudadanos la información de los funcionarios públicos que han sido sujetos a procesos administrativos, los datos resultan opacos o inexistentes debido a que no se han actualizado por casi dos años.

Esta situación ya ha sido denunciada por Quesirvan.mx y diputados locales, como Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano. “Desde el 2018 la Contraloría no ha publicado un solo reporte de las sanciones administrativas emitidas contra servidores públicos ni el portal del Estado ni en la Plataforma Nacional (…). Esto es grave porque estamos hablando que el órgano de control interno que se encarga de monitorear el cumplimiento de los servidores públicos, es el primero en incumplir”, denunció la legisladora el pasado 5 de noviembre en el Congreso del Estado.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN… autonomía de papel y recursos públicos sin rastro

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia establece distintas facultades para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como “vigilar el exacto cumplimiento de los principios de legalidad y certeza y de la pronta y expedita procuración de justicia en la persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción”, entre otras.

El artículo 18 de dicha ley señala que se trata de un órgano con autonomía financiera, técnica, presupuestaria, de gestión, de decisión y operativa. Sin embargo, no es posible acceder a su información presupuestaria, dado que en la Ley de Egresos no se desglosa el monto exacto que se le transfiere para el cumplimiento de sus funciones.

Javier Garza y Garza, fiscal especializado, ha declarado en medios de comunicación que requiere mayor presupuesto, e incluso ha atribuido los nulos resultados en su desempeño a la excesiva burocracia y a la falta de dinero —aunque se desconoce en qué se ha ejercido el ya recibido—, según una publicación del periódico El Horizonte (https://d.elhorizonte.mx/local/prometen-avances-contra-la-corrupcion-en-nl-antes-de-fin-de-ano/2723161).

“Desde que llego, a mí me secuestraron los recursos, porque los recursos que estaban para la Subprocuraduría Anticorrupción, que eran 20 millones y había otros 60 millones para todo el Sistema Estatal Anticorrupción. A mí no me dieron ni un peso, yo tengo un año, año y medio en esto, y no he recibido un solo recurso directo para administrarlo yo, se lo han dado todo a la Fiscalía General (…). No tenemos peritos, no tenemos personal, nos ha disminuido drásticamente un 20 por ciento el personal que había, no se han presentado denuncias”, aseguró Garza y Garza en una entrevista publicada el pasado 10 de diciembre.

Es inverosímil que un órgano como el Secretariado Ejecutivo disponga de más de 22 millones de pesos sin obligaciones claras, mientras que el fiscal anticorrupción no sepa ni cuánto ni cómo se le transferirán los recursos públicos, interfiriendo así en su autonomía de gestión.

La información relacionada a los recursos asignados a la Fiscalía Anticorrupción ya ha sido requerida por Quesirvan.mx a través de una solicitud de Transparencia. No se ha recibido respuesta.

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA: Comisionados viajeros

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI) también recibió un ligero aumento en su presupuesto para este año, mismo que ascenderá a 78 millones 949 mil 500 pesos.

Los diputados locales hicieron posible este incremento a pesar de que en los primeros ocho meses de 2019 los comisionados despilfarraron 626 mil pesos en viajes “de trabajo” que incluían destinos como Europa, aún y en temporadas vacacionales, como lo dio a conocer Quesirvan.mx (https://quesirvan.mx/blog/turismo-cotai-nuevo-leon/).

El gasto reportado se divide en 304 mil 833 pesos únicamente en boletos de avión; 230 mil 825 pesos en viáticos; 52 mil 820 en pasajes terrestres, y 25 mil 176 en otros servicios de traslado. Y por si fuera poco, ni siquiera se transparentaron todos los comprobantes del gasto, incumpliendo así con la misma Ley de Transparencia.

Es importante mencionar que la mayoría de las sanciones emitidas por la COTAI son a gobiernos municipales de la zona rural, de acuerdo a la tendencia que arroja el registro publicado en la página oficial de la Comisión. En el año 2019 solamente el 13 por ciento de los 67 sujetos obligados sancionados fueron entes o dependencias municipales del área metropolitana o de nivel estatal.

Algo similar ocurrió en 2018, pues de las 297 sanciones registradas, solo el cuatro por ciento eran dependencias u organismos del Gobierno del Estado y de municipios de la zona metropolitana, mientras que el resto era dirigido a ayuntamientos rurales, como Melchor Ocampo y Ciénega de Flores.

Sin embargo cambió el sentido de resoluciones que le han permitido al Congreso ejercer en total opacidad al menos 78 millones de pesos de recursos para función legislativa (https://www.elnorte.com/opacan-14-meses-el-bono-legislativo/ar1814466).

Más recientemente, los recursos de la Secretaría de Infraestructura ejercidos por el municipio de Monterrey durante 2019 —que entre otras cosas, tiene la función de reparar los baches de la ciudad— dichos recursos ascienden a más de 180 millones de pesos (El Norte: https://www.elnorte.com/oculta-monterrey-datos-de-bacheo/ar1846939 ).

Salen caros TRIBUNAL JUSTICIA ADMNISTRATIVA y magistrado especializado

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), según cita su página web oficial, es un órgano autónomo “revestido de imparcialidad y objetividad para declarar la ilegalidad y anular los actos de las autoridades administrativas, obligando a estas al cumplimiendo de sus fallos”, y además vigila el cumplimiento de diversas leyes, entre ellas la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el año 2018, el TJA contaba con un presupuesto de 65 millones 994 mil 614 pesos, pero para 2019 recibió un aumento del 59 por ciento, alcanzando una cifra de 104 millones 881 mil 390 pesos. Para el año en curso, el Tribunal sigue conservando un monto superior a los 102 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, en diciembre el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta que el TJA cuente con autonomía presupuestal —algo que ni siquiera tiene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción—, lo cual le permitiría presentar su propio presupuesto anualmente. De igual manera, la reforma contempla que el Poder Ejecutivo no tenga intervención alguna en el proceso de elección de magistrados, por lo que el Poder Legislativo emitiría una convocatoria pública para realizar el procedimiento.

Aún con los beneficios que obtendría, no se tiene conocimiento de un solo caso de corrupción que el Tribunal de Justicia Administrativa haya sancionado.

Incluso, este mismo Tribunal es el que ha resuelto en favor de servidores públicos bajo proceso administrativo, absolviéndolos por completo o deteniendo las sanciones que les corresponden. Un ejemplo es el caso del secretario General de Gobierno, Manuel González, a quien el TJA favoreció al ordenar al Congreso del Estado suspender cualquier castigo por el caso de la recolección de firmas para la campaña presidencial de “El Bronco”.

Por otra parte, Mario Treviño, el magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y quien también forma parte del SEANL, le cuesta a los ciudadanos más de dos millones 500 mil pesos anualmente, al contar con una percepción mensual de más de 149 mil pesos, más sus prestaciones como funcionario público, tales como aguinaldo, prima vacacional, apoyo navideño, bono por el día del servidor público, fondo de ahorro y seguridad social.

Sin embargo, se desconoce si cuenta con personal operando a su cargo ni las labores que ha desempeñado en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.

Es importante señalar que junto con el ineficiente desempeño de las citadas instituciones, fue hasta noviembre de 2019, más de dos años después de que los diputados locales aprobaron la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando el Congreso de Nuevo León modificó el Código Penal para incluir delitos por corrupción.

La larga omisión de esta acción por parte de los legisladores evidencia que a pesar de que el SEANL era incapaz de castigar con cárcel a los funcionarios públicos corruptos, desde el principio se le asignaron millones de pesos, y hasta el momento se han emitido CERO SANCIONES a casos de corrupción.

TRABAJAR, TRANSPARENTAR, RENDIR CUENTAS Y SANCIONAR LA CORRUPCIÓN

Es urgente que estas instituciones detallen la información y den a conocer el dinero que reciben, cómo lo ejercen y las actividades que realizan. Establecer medidas agendas de trabajo que más que eventos lleven a la sanción a los delitos por corrupción. Finalmente es un contrasentido que los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción no cumplan con lo mínimo, que es la transparencia.

Por QueSirvan.mx es la plataforma de Investigación de Redes Quinto Poder IDEAEsta investigación forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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