Ocultan información de servidores públicos ¿sancionados?

Monterrey, México a 1 de diciembre de 2019

La Contraloría del Gobierno de Jaime Rodríguez y alcaldes de Nuevo León, mantienen un sistema que oculta información de procedimientos administrativos iniciados a servidores públicos y sus consecuencias legales, brindándoles así protección de facto. 

  • Los alcaldes Miguel Treviño, de San Pedro; Adrián de la Garza, de Monterrey han contratado a servidores públicos señalados por casos de corrupción, investigados e incluso sancionados.
  • La Plataforma de la Contraloría del Estado de Nuevo León mantiene ocultos los nombres de los servidores públicos castigados y resulta inaccesible para los ciudadanos.
  • La Contraloría del estado y las controlarías de los municipios de Nuevo León, como lo marca la Ley, y los órganos internos de control de las instituciones autónomas, deben poner a disposición de la ciudadanía la información completa de las personas servidoras  públicas sancionados. Las instituciones de los tres niveles de gobierno y entes públicos deben verificar los antecedentes de los aspirantes a funcionarios.

En México, los ciudadanos viven una acentuada desigualdad frente a los servidores públicos al momento de buscar y conseguir empleo. Ante una oportunidad laboral, una persona común debe enfrentar un proceso de entrevistas y cumplir estrictos requisitos, como lo son cartas de recomendación de anteriores trabajos, referencias personales, exámenes médicos y psicométricos, y hasta carta de no antecedentes penales. Si se trata de un puesto de mayor responsabilidad, los requerimientos aumentan y la verificación de su experiencia adquiere más importancia. Ninguna empresa querría contratar a alguien que ha cometido fraude o robo.

Sin embargo, en el servicio público la situación es completamente diferente. Algunos gobiernos —de diferentes niveles— mantienen sistemas que permiten la contratación de funcionarios públicos que han sido señalados, o incluso sancionados e inhabilitados, por faltas graves.

Esta problemática prevalece hasta el día de hoy a pesar de que desde 2016 existe un marco normativo que contempla castigo a quien autorice contrataciones de servidores públicos que han sido inhabilitados.  El artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cita que “será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional.”.

En ese sentido, algunos gobiernos han sido omisos y laxos, violando las normas y promoviendo la impunidad; mientras que los ciudadanos, por el contrario, son castigados con todo el peso de la ley al cometer una falta.

La plataforma de la Función Pública

A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública cuenta con una plataforma para el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS http://www.rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp). La página despliega tres opciones de búsqueda: por nombre, por RFC, o sanción impuesta por los gobiernos de los estados.

En caso de que el usuario no tenga los datos completos del servidor público, la herramienta arroja todos los resultados que coincidan con la información tecleada en el buscador. Dichos resultados son desplegados en una lista que contiene nombre del funcionario público, dependencia para que labora o laboró, sanción impuesta, número de expediente, autoridad sancionadora, fecha de resolución, motivo y monto de la sanción, y fechas de inicio y fin de la sanción.

La Secretaría de la Función Pública también cuenta con el portal Nómina Transparente, en donde se pueden realizar búsquedas de los salarios de los funcionarios públicos.  Para utilizar esta herramienta únicamente se necesita tener dos nombres del servidor público en cuestión. Este buscador, al igual que el del RSPS, también arroja todos los resultados que coincidan con las palabras tecleadas por el interesado, desplegando una lista que incluye nombre, institución en la que labora el funcionario, puesto que desempeña, sueldo bruto mensual y sueldo neto mensual (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/).

La plataforma en Nuevo León

Por el contrario, el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados de la Contraloría de Nuevo León deja mucho que desear.  Si bien es posible llegar a la plataforma vía Google al teclear “servidores públicos sancionados Nuevo León”, la herramienta parece complicar la búsqueda en lugar de facilitarla.

En primer lugar, la página no permite una búsqueda intuitiva, pues el usuario requiere tener el nombre completo del funcionario para poder encontrarlo. Asimismo, no se brindan datos respecto a la última fecha de actualización de la información, o bien, el tipo de sanción que tuvo el servidor público.

“Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados NL”

En ese sentido, Mariela Saldívar, diputada local de Movimiento Ciudadano, ha señalado que la Contraloría del Estado tiene ya dos años de no hacer pública esta información, a pesar de que es una obligación por ley. “La Contraloría del Estado tiene ya casi dos años de no publicar esta información; lo sustituyó por un sitio donde un ciudadano tiene que hacer búsquedas con nombre y apellidos del funcionario que pudiese estar sancionado, solamente si conoces el nombre completo del funcionario que fue sancionado, te aparece la información. Esto incumple con la ley porque debe ser un listado público, y no búsquedas donde los ciudadanos tenemos que ir a adivinar cuál de los 90 mil empleados del Gobierno Estatal fue sancionado”, afirma.

“Opacar y ocultar esta información indica dos cosas: una, que se puede estar ocultando la inacción de la Contraloría, porque claramente se puede ver si está actuando o no en sancionar a los funcionarios; y dos, también está protegiendo a quienes están siendo sancionados”.

FOTO de izquierda a derecha: Manuel González, Secretario General de Gobierno, Gerardo Guajardo, Encargo del Despacho de la Contraloría; de pie la Diputada Mariela Saldivar (MC). Glosa del 4to Informe en el Congreso de Nuevo León (Nov 5, 2019).

“Confianza” ciega

Una empresa difícilmente contrataría a un aspirante que ha sido acusado por un ilícito, a pesar de que el proceso de investigación aún esté en curso. En el gobierno eso parece no tener importancia.

El ejemplo más reciente ocurrió en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que el alcalde Miguel Treviño de Hoyos contrató a Luis Rodolfo Zamorano Ruiz como director general del Instituto Municipal de Planeación y Convivencia (Implang), aunque estaba siendo investigado en Ciudad de México por anomalías en la emisión de permisos de construcción durante su ejercicio como director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). (https://d.elhorizonte.mx/local/acusan-que-san-pedro-importa-funcionario-cuestionado-de-la-cdmx/2689075)

El munícipe admitió ante medios de comunicación locales que tenía pleno conocimiento de que Zamorano Ruiz estaba bajo investigación al momento de contratarlo en San Pedro.

“No sólo estaba enterado del caso, sino también de los detalles, estaba enterado desde hace meses, los procesos de auditorías son normales en todos los gobiernos (…). Terminará el proceso de auditoría y quedará claro que no tiene ninguna responsabilidad”, aseguró Treviño al periódico El Horizonte.

Sin embargo, días después, el pasado 12 de noviembre, el funcionario en cuestión renunció a su cargo, tras revelarse su inhabilitación como servidor público. (https://www.elhorizonte.mx/local/tumba-investigacion-a-polemico-funcionario-sampetrino/2695548)

En lugar de contratar a un aspirante cuestionado, el alcalde Miguel Treviño debió esperar la conclusión de la investigación. “Lo más prudente hubiese sido no haber hecho la contratación del funcionario hasta después que el caso estuviese totalmente cerrado, para evitar el señalamiento público”, considera la diputada Mariela Saldívar.

Resulta difícil pensar que una situación así ocurra en la iniciativa privada. ¿Una empresa omitiría, por ejemplo, que un aspirante esté vinculado a proceso por fraude al momento de contratarlo? Peor aún, ¿lo colocaría en un puesto similar al que tenía, dotándolo de recursos y poder de toma de decisiones como los que tenía cuando cometió el delito?

Otro caso ocurre en el municipio de Monterrey, con Federico Vargas Rodríguez, ex secretario de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social de Nuevo León, quien fue inhabilitado como servidor público por el otorgamiento irregular de incentivos a una empresa. Este político priísta no sólo fue integrado al gabinete del alcalde regiomontano Adrián de la Garza Santos (el miercoles 17 de abril de 2019 de manera oficial), sino que, además, se le inventó la Secretaría de Infraestructura Vial, logrando tener a su cargo a más de 200 empleados y en prepuesto de casi 200 millones de pesos.

En agosto de 2016, Aldo Fasci, antes asesor jurídico del Estado, y Nora Elia Cantú, entonces contralora, dieron a conocer la inhabilitación de 10 años a Vargas. A pesar de ello, sus antecedentes negativos fueron ignorados por el actual presidente municipal de Monterrey, violando así la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nuevo León: “Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados del Sistema Estatal de Información y de la Plataforma Digital Nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas”, cita el artículo 27 de dicha ley.

FOTO: Aldo Fasci y Nora Elia Cantú, durante el anuncio de las sanciones

A pesar de que también se emitió un comunicado oficial sobre la sanción a Vargas, no hay información disponible sobre el procedimiento ni las resoluciones derivadas de éste. (VER Comunicado oficial http://www.nl.gob.mx/noticias/inhabilita-contraloria-dos-secretarios-de-la-pasada-administracion-estatal).

La plataforma Quesirvan.mx solicitó a la Contraloría del Estado, vía Transparencia, información respecto al estatus de Federico Vargas y su inhabilitación como servidor público. Sin embargo, la solicitud, contestada en la hora límite del plazo legal, no brindó ningún dato al respecto, argumentando que no se especificó el periodo de la información que se requería y que la solicitud resultaba confusa, aún y cuando por ley los entes públicos sólo cuentan con tres días hábiles para solicitar aclaraciones en las solicitudes.

Años atrás, también en Monterrey, pero durante el gobierno de la ex alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes, sucedió una situación similar. Cuando Miguel Ángel Treviño Sandoval era nombrado en 2013 como secretario de Planeación y Comunicación, al mismo tiempo enfrentaba una investigación por daño patrimonial al Gobierno Federal debido a anomalías en su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En ese mismo año, el ex funcionario fue inhabilitado como servidor público por 15 años, además de recibir una multa por un monto mayor a cuatro millones de pesos, luego de que el Órgano Interno de Control de Sedesol concluyó que hubo irregularidades en una contratación de letrinas en el sur del estado, pues Treviño Sandoval eligió al proveedor más costoso sin justificación alguna. Pese a enfrentar un proceso de investigación, Arellanes ignoró el hecho e integró a Miguel Ángel Treviño en su equipo (https://lasillarota.com/cercano-a-alcaldesa-piadosa-en-fraude/43613).

A nivel estatal también existe un caso muy conocido: uno de los funcionarios involucrados en el escándalo de la compra de cobijas con sobrecosto en Nuevo León —el caso conocido como Cobijagate fue revelado por el periódico El Norte—, Rogelio Benavides Pintos recibió, inicialmente, una sanción de apenas siete mil 300 pesos por un daño al erario millonario, aunque posteriormente la multa fue elevada a 274 mil pesos. Tras su despido como subsecretario de Administración, Nuevo León exportó a Benavides a Tamaulipas, donde el gobernador Francisco Cabeza de Vaca lo contrató como asesor a pesar de contar con un reciente caso de corrupción a cuestas. Otros de los involucrados en el cobijagate solamente fueron cambiados de dependencias, pero conservaron cargos en el sector público. https://redesquintopoder.org/opinion/cobijagate-nuevoleon/

A nivel federal, la Cuarta Transformación tampoco se salva. Si bien el discurso de este movimiento político, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, condena la corrupción y la impunidad, en los hechos resulta que ocurre lo contrario. Tres servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionados a los desvíos de la “estafa maestra” —investigación realizada por Animal Político— se mantuvieron en sus cargos, sobreviviendo incluso a la transición del gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto al de López Obrador. (https://www.animalpolitico.com/2019/01/amlo-funcionarios-pemex-estafa-maestra-sfp/)

Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, titular de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
A pesar de que López Obrador aseguró que removería a estos funcionarios de sus cargos, Animal Político dio cuenta de que los tres continuaron en el servicio público este año. Actualmente, al consultar el portal Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, al menos Lozada y Salgado siguen apareciendo activos en sus cargos, con sueldos netos de 105 mil 905 mil pesos y 103 mil 272 pesos, respectivamente.

“A ellos ni siquiera se les está llamando a cuentas, ni siquiera hay una denuncia ante la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación solamente ha denunciado penalmente los casos de desvío de Sedesol y Sedatu, solamente eso. No hay denuncia por desvíos por la “estafa maestra” en Pemex, por ejemplo (…); sin embargo, todo se está concentrando en Rosario Robles, cuando hemos dicho que es todo un sistema de corrupción”, reflexiona Manuel Ureste, periodista de Animal Político y coautor del libro La Estafa Maestra.“Es la impunidad, y no de ahora, hay que decirlo. Es la impunidad histórica que hay en México y todavía continúa”.

Acciones contra la opacidad y la impunidad

El hecho de que en Nuevo León la información sobre los servidores públicos sancionados no sea de fácil acceso, o incluso sea solicitada vía Transparencia pero no se entregue, es un factor que abona a que el sistema de impunidad se mantenga vigente. De esta manera, los funcionarios cuestionados logran salirse con la suya: no enfrentan una sanción administrativa, penal ni social.

Que los servidores públicos puedan ser contratados sin siquiera ser sometidos a una verificación de antecedentes, o se omita que son investigados y hasta sancionados, es un síntoma de que las autoridades ni siquiera están haciendo lo mínimo que exigen las leyes.

A la par, los gobiernos municipales parecen no adoptar los mecanismos para transparentar los nombres de los empleados sancionados, pues en sus portales tampoco es posible encontrar esta información.

Por ello, la plataforma Quesirvan.mx exige que:

  • La plataforma del Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, de la Contraloría del Estado, funcione apropiadamente;
  • La información de los servidores públicos sancionados esté actualizada y sea de fácil acceso para los ciudadanos, con búsquedas intuitivas;
  • Los entes públicos cumplan con la ley que obliga a las autoridades a verificar los antecedentes de los aspirantes a cargos públicos, y
  • El Ejecutivo de Nuevo León y los municipios sigan la práctica de publicar el listado de servidores públicos sancionados, incluyendo los datos de sus cargos, tipos y montos de las sanciones, así como los motivos y la documentación generada.

La corrupción y la impunidad no se combaten con discursos. Estos problemas, estructurales e históricos, se siguen perpetuando por falta de acciones y voluntad política. Actualmente existen leyes, reglamentos y entes públicos que fueron creados a nivel nacional y local para estos fines; sin embargo, a pesar de que no cumplen con las expectativas mínimas de su labor, algunos están solicitando más recursos económicos para el siguiente año. Si las autoridades no verifican los perfiles de los aspirantes y tampoco hacen públicas sus irregularidades, ¿estarán trabajando en castigarlos?.

QueSirvan.mx es la plataforma de Investigación de Redes Quinto Poder IDEA. Gabriela Jiménez y Juan Manuel Ramos colaboraron en esta publicación. Esta investigación forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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